La estrategia de defensa del ventilador o del calamar (echar la porquería por todas partes), la tesis de la manzana podrida o, a las malas, del árbol podrido (culpar a personas concretas y no a una parte amplia de la organización). Las elecciones no se ganan, se pierden, suele recordarse en los circuitos políticos. Por eso, cuando surge un gran escándalo de corrupción vinculado a altos cargos de un partido político, la principal preocupación de sus estrategas no siempre tiene como principal prioridad limpiar su imagen, sino más bien ensuciar la de su principal contrincante en las urnas. Este tipo de comportamientos, que están muy generalizados, según sociólogos y politólogos especialistas en el análisis de estos temas, deterioran enormemente la imagen de toda la clase política. "Todos los políticos son unos corruptos". Esta tan manida como devastadora afirmación, para la política y para la democracia, se usa alegremente en la calle para poner en tela de juicio la gestión de todos los que acceden al poder. La presunción de inocencia se convierte así en el sentir popular en presunción de culpabilidad y el político se ve al final abocado a demostrar que no roba. El caso Gürtel es la última trama destapada de corrupción política que implica a más de una manzana del PP, de una rama y probablemente a varios árboles.

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Antes hubo otros casos, desde finales de los ochenta a principios de este siglo -Naseiro (PP), Filesa (PSOE), el caso saqueo o Marbella (GIL) -, aunque en las últimas décadas han sido más puntuales, ninguno tenía un entramado tan amplio como el Gürtel. Son redes complejas, complicadas de desgranar para los jueces y, por tanto, ni que decir tiene de entender para el común de los mortales. La ciudadanía, dicen los expertos, se queda sólo en la letra gorda. La de los grandes titulares y la de las frases impactantes de los diversos partidos del arco parlamentario. El mensaje de que ha habido corrupción, presunto enriquecimiento ilícito mediante la utilización de cargos y fondos públicos, llega a la población, pero en la mayoría de los casos los ciudadanos lo perciben como casos ajenos a ellos, a su vida, señalan los analistas. No acaban de ver que dar una concesión de un terreno urbanizable por un valor inferior al real repercute en las arcas públicas del ayuntamiento correspondiente, lo que supone un perjuicio directo para los ciudadanos de ese municipio. Se deja de ingresar en él dinero que se dedicaría a la sanidad, la educación o las carreteras de todos para destinarlo a fines ilícitos, del enriquecimiento individual a la financiación de una organización privada, como es un partido político.

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Un enfoque del que se habla poco son las consecuencias que tiene la corrupción a largo plazo. La mayor parte de los analistas coinciden en que los efectos en los partidos son limitados. Por lo tanto, al que al final le sale más cara la corrupción es al ciudadano. Una parte de sus impuestos se evaporan en esas corruptelas por agujeros diversos y deja de percibir servicios públicos o una mejora de su calidad de vida, que podrían obtenerse con el dinero evaporado por los corruptos.

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Pero, como se mencionaba antes, la corrupción sí tiene otras consecuencias que afectan más directamente al bienestar de los ciudadanos. Lapuente aporta unos clarificadores datos al respecto: "La idea es que la corrupción daña lo más vulnerable y esencial para el desarrollo social, económico y político de un país, que es la confianza, tanto en las instituciones públicas, de lo que se habla bastante, como en el resto de nuestros conciudadanos, de lo que se habla muy poco, a pesar de que es importante. Lo que se denomina 'confianza social' (un concepto controvertido, pero muy relevante en ciencias sociales) se erosiona gravemente. La razón es que el hecho de que los agentes públicos sean corruptos, en lugar de imparciales, actúa como una señal para los ciudadanos de cuáles son las reglas de juego en la sociedad. Ello conlleva a un deterioro de las interacciones humanas, que genera efectos negativos, tanto económicos como sobre casi cualquier ámbito de la vida".

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En relación con el control interno de los partidos, aporta la perspectiva internacional Víctor Lapuente: "El control interno de los partidos falla porque hay incentivos muy poderosos a no desvelar la corrupción de tus compañeros de partido. A diferencia de en otros países de nuestro entorno, los partidos en España son 'unidades de destino en lo universal' donde la lealtad, entendida en términos más personales que ideológicos, es un valor supremo". ¿Y qué pasa en el caso de que se produzcan los disensos internos dentro de un partido, tengan o no que ver con la corrupción? "Entonces es curioso ver que, mientras en otros países los partidos parecen dividirse un poco más de acuerdo con posicionamientos ideológicos -por ejemplo, se habla de 'el sector más liberal' frente al 'sector más conservador'-, en España, la lealtad interna parece que está más basada en relaciones personales -por ejemplo, zaplanistas o zapateristas, aguirristas o guerristas-", concluye.